La autoridad judicial señaló que esa voluntad tiene que darse tanto en el Órgano Ejecutivo como Legislativo para llevar adelante una verdadera transformación, estructural, del modelo de administración de justicia en el país.

Con este objetivo, dijo que el TSE envió, el año pasado y este 2021, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre siete y ocho anteproyectos de ley —aún no tratados—, que tienen que ver con el mejoramiento del acceso a la justicia, el incremento del presupuesto a un 6 por ciento, el fortalecimiento de la carrera judicial de garantizar la estabilidad institucional, entre otros.

Proyectos que —dijo— en gran medida garantizarán la esperada independencia del Órgano Judicial, tan cuestionada en la actualidad por su parcialidad con los gobiernos de turno.

“Si por un lado fortalecemos la carrera judicial, generando jueces que respondan a una institucionalidad, y por otro lado, se asegura un presupuesto determinado en la norma (6%), que no dependa de la propuesta del Ejecutivo y su aprobación anual por el Legislativo, se garantizará la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial”, señaló.

Actualmente el Órgano Judicial recibe el 0,33 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE), reclama la asignación del 6 por ciento de los recursos del Tesoro General del Estado (TGE) como tienen asignadas las universidades públicas de la coparticipación tributaria.

Autonomía económica

Acotó que, al no depender de ningún otro órgano del Estado y tener solvencia económica, el Órgano Judicial podrá crear mayor número de juzgados y emprender proyectos como el del expediente electrónico, para mejorar el acceso a la justicia y reducir la mora procesal.

“De lo contrario, va a ser muy difícil que saldemos la deuda histórica que tenemos como sistema judicial con la población”, indicó.

Egüez agregó que cualquier sistema judicial en el mundo, sea cual fuere el modelo, que necesita fortalecer su independencia, tiene que previamente establecer y consolidar su presupuesto en una norma específica, que no dependa de ningún otro órgano del Estado, y que responda a sus necesidades y requerimientos.

Mencionó, como ejemplo, que actualmente se necesitan al menos 1.600 jueces para conocer y resolver la carga procesal, con los que, sumados a los 1.135 que existen hoy, se llegaría a los estándares sudamericanos de 205 causas por juez.

Debido a la sobrecarga procesal, hoy cada juez atiende promedio 500 casos. “Si queremos disminuir la mora procesal sustancialmente y resolver este problema, tenemos que aumentar el número de juzgados”, dijo.

Eso implica —indicó— asignar más presupuesto, y si también se quiere una justicia independiente, se tienen que brindar todas las condiciones para una carrera judicial.

“A mayor institucionalidad, mayor independencia, dos componentes esenciales de un cualquier sistema democrático y constitucional de derecho. Uno es consecuencia del otro y viceversa”, afirmó.

Por eso, remarcó la importancia de consolidar los proyectos que están en manos el Legislativo, porque así entre los jueces habrá militantes defensores de los principios, de los derechos y garantías constitucionales, que deben regir en cualquier Estado democrático.

“De lo contrario, vamos a seguir en la retórica discursiva, que evidentemente recoge la preocupación de la ciudadanía, pero se queda ahí”, insistió.

Criterios fundamentales

Acotó que todas estas propuestas no responden simplemente a criterios del TSJ, sino son razonamientos esgrimidos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

“No puede existir un sistema judicial independiente sin un presupuesto definido, que le brinde una autonomía económica. No puede existir un sistema judicial eficiente si tiene un número de juzgados que tenga resolver 200 por ciento más de causas lo que se puede. No puede existir un sistema judicial si no se trabaja en una reestructuración de la carrera judicial. Es en estos temas donde se debe trabajar y colocar los máximos esfuerzos”, enfatizó.

Respecto al tema ético y moral, actualmente bastante criticado en la actuación de los jueces, Egüez reconoció que no se va a erradicar con la carrera judicial, pero ésta de alguna manera “va a acercarnos a una conducta moral y ética que sea propia de un administrador de justicia”.

Pero —precisó— así como hay “malos jueces”, hay muchos que están ampliamente comprometidos y son consecuentes con los principios constitucionales, ético y morales, pese a las condiciones de trabajo, que merecen toda nuestra consideración.

Como TSJ, dijo que se han trazado políticas a largo plazo y en las que se viene trabajando, a través de convenios con el Ministerio de Educación y el sistema universitario boliviano, para incorporar en la currícula escolar y universitaria, respectivamente, materias como ética y moral judicial, derechos humanos y derechos de género, entre otros.

“Si de alguna manera trabajamos en el ámbito socioeducativo desde la niñez, adolescencia y juventud, creo que vamos a avanzar”, dijo al remarcar que en un hecho de corrupción hay dos actores activos: el que recibe y el que ofrece, por lo que se debe trabajar en ambos lados.

 ARRANCA PRIMERA FASE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

REDACCIÓN CENTRAL

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lanzará la primera etapa de la construcción del expediente electrónico, que tiene por objetivo aminorar la mora procesal y transparentar los procesos.

La mora procesal está por encima del 50 por ciento. Frente a esta situación, agravada por las acefalías de vocales y jueces, el presidente del TSJ, Olvis Egüez, informó que se elaboró este proyecto del expediente electrónico, una plataforma que permitirá conocer el estado de los procesos desde un dispositivo móvil, presentar memoriales e instalar audiencias, entre otras funciones.

La primera etapa estará a cargo de 25 profesionales, entre abogados e ingenieros informáticos y desarrolladores, que recorrerán los juzgados del país para analizar los expedientes y construir flujogramas, que luego serán transformados en subsistemas informáticos con los pasos procedimentales. En la segunda etapa, se adquirirá la tecnología necesaria y difundirá su funcionamiento. En la tercera, se consolidará su funcionamiento.

El costo total del proyecto es de 75 millones de bolivianos, de la primera etapa, de 2,7 millones, aprobados en el presupuesto 2020-2021. Las tres etapas se estima que demandará entre tres a cinco años, la primera entre 14 y 16 meses.

Cuando comience a implementarse, bastará con que los litigantes utilicen un dispositivo, celular o computadora, y una clave para acceder a su expediente y conocer el estado en el que está, además de poder presentar memoriales, instalar audiencias, generar firmas digitales y más.