“El programa que hoy se presenta se concentra en una reforma de la justicia y lucha contra la corrupción, enmarcándose en los objetivos de desarrollo de la justicia para todos, crear instituciones responsables y eficaces, lograr la equidad de género, empoderando a la mujer y a la niñez”, sostuvo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez Oliva.

El proyecto está enfocado en tres áreas de trabajo: acompañamiento en la implementación de la carrera judicial y fiscal para garantizar la estabilidad, la independencia y la autonomía profesional de los servidores de justicia; la mejora de los procesos de gestión para reducir la mora procesal y mejorar el acceso a la información mediante la tecnología; y, la erradicación de la violencia a las mujeres y los niños.

El programa de reforma judicial tiene un financiamiento de 3 millones de euros de la Unión Europea (UE) para su ejecución en un plazo de seis gestiones.

Se cuenta con la participación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras instituciones.

“Sólo hay plena vigencia del Estado de derecho cuando la justicia es independiente y sirve a todos sin distinción, esto es parte de los principios claves que yacen en los cimientos de la Unión Europea. Lo que hoy presentamos es una iniciativa de cooperación horizontal que integra por igual a las diferentes instituciones del sector”, dijo el embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Michael Dóczy.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, destacó el aporte de la cooperación internacional y aseguró que las acciones que se asuman en la alianza interinstitucional permitirán beneficiar al pueblo boliviano con la mejora del acceso a la justicia.

“Vemos muy relevante esta cooperación interinstitucional con diferentes organizaciones para poder viabilizar la reforma de la justicia y esto nace a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 2009. El desafío de que la justicia llegue a todos es el principal objetivo del Estado”, dijo la autoridad gubernamental.