En su argumentación, el ente administrativo y disciplinario del Órgano Judicial señaló ayer que es cierto que algunos jefes administrativos tienen salarios superiores a los de los jueces y que se debe a las funciones especializadas que cumplen.

“Tratar de bajarlos solamente por ser administrativos, debajo del orden jurisdiccional, no corresponde”, sostuvo a respecto el presidente del Consejo, Omar Michel.

La autoridad salió en defensa de la decisión de recortes salariales en el Órgano Judicial, después que la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se declarara en estado de emergencia en rechazo a la rebaja de sueldos en un 3,3% y anunciara una defensa de hecho y de derecho.

Dijo que de no haberse aplicado esta reducción, estaban obligados a paralizar el funcionamiento de al menos 200 juzgados en el país, por lo que pidió “cordura” a los jueces.

Explicó que en toda la estructura del Órgano Judicial, la parte administrativa representa el 19%, mientras que los jueces, vocales y funcionarios de apoyo jurisdiccional abarcan el 75%, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental un 6%, haciendo un 81% del total.

“Ni haciendo desparecer al Consejo de la Magistratura y a la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) se llegaba a cubrir ese recorte del 15,7% dispuesto prácticamente de forma vertical mediante la ley financial”, remarcó.

Sí o sí se tenía que tocar la partida 117 de sueldos y salarios en el Órgano Judicial para que generar un ahorro de más de Bs 44 millones al mes y Bs 531.675.204 al año, manifestó.

Michel dijo el debate de las tres salas plenas del TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se extendió durante tres semanas, en el ánimo de lograr un consenso sobre la disminución salarial, que en los hechos alcanzó a un 11% en todos los cargos administrativos y los altos magistrados, y es inversamente proporcional a los otros niveles, hasta llegar a un 3,3 y 2,5 en el caso de los jueces.

Para los jueces, un 3,3% significa una reducción salarial de aproximadamente Bs 300 a 400 y esta disminución no llega a los funcionarios de apoyo jurisdiccional, que ganan menos de Bs 3.000.

Según los datos del Consejo de la Magistratura, solo el presidente del TSJ, ganará Bs 21.071 (antes 22.900), los presidentes del Consejo y del Agroambiental 20.822 bolivianos. Los directores que percibían más de Bs 17.000 ahora Bs 16.480; un juez técnico, juez de partido, abogados asistentes, registrador de DDRR, Jefe Administrativo y Financiero, Bs 15.317.

“Todo el sector justicia ha aceptado compartir la crisis bajo la promesa de que en el primer reformulado se nos va a reponer el presupuesto, paralelamente estamos analizando cómo generamos más recursos, estamos haciendo estudios”, puntualizó.

Frente a las críticas de los jueces que exigen recortar más los ítems administrativos, señaló que las direcciones administrativas y régimen disciplinario cumplen funciones especializadas que no cualquiera puede desempeñarlas.

Sin embargo, admitió que una mayor reducción del nivel administrativo se tiene que analizar técnicamente, aunque los parámetros internacionales establecen un 75% del área jurisdiccional y un 25% del área administrativa.

“Optimizando al extremo, se podría funcionar con un 15%, hay que verlo técnica y legalmente”, dijo.

 La reestructuración en el Judicial

La reestructuración interna aún no se da, pero Omar Michel dijo que hay un acuerdo en el Órgano Judicial para en unas dos a tres semanas iniciar un proceso de transformación profundo en el servicio judicial, con la participación de los miembros de la comisión 898.

El presidente del Consejo de la Magistratura admitió que en el análisis de estos recortes de presupuesto encontraron duplicidad de funciones, algunos cargos que faltan y otros que están por demás, y que se tiene que establecer que cada cargo responda a la función constitucional y legal.

En lo jurisdiccional, también hay juzgados que tienen poco trabajo y otros que están colapsados; al respecto, sostuvo que tiene que haber una modificación a partir de una reforma de la Ley 025 del Órgano Judicial para que cada institución cumpla sus funciones y atribuciones señaladas en la Constitución y las leyes, evitando usurpación.

Dentro de estas reformas a la Ley 025, también se solicitará que se acabe “ese maltrato eterno” que el Tesoro General del Estado (TGE), que otorga un 0,32% del presupuesto general al Órgano Judicial. Michel pidió que se incremente por lo menos al 1%.

RECHAZO DE LOS JUECES

Sobre la advertencia de los jueces de asumir acciones de hecho y derecho, Michel exhortó a la “cordura y racionalidad”, y ratificó que esta decisión del recorte del presupuesto no fue del Consejo de la Magistratura, sino la Ley Financial. Indicó que la única vía de impugnación sería una acción constitucional contra esa norma.