El grupo de expertos juristas sólo se reunió en una oportunidad, el jueves 3 de diciembre, el mismo día en que fue presentado al país en un acto en el Ministerio de Justicia. Desde entonces su labor quedó congelada y, es más, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue nombrado vocero, dejó el equipo.

Ese día, el ministro Lima dijo que se tomaron dos decisiones fundamentales para encaminar la labor del consejo de asesoramiento: el análisis de un proyecto de ley de reforma constitucional que se pueda implementar conjuntamente la elección subnacional del 7 de marzo y un trabajo de mediano y largo plazo “para lo que será la reforma judicial en los próximos cinco años”.

La noche de este martes, durante una entrevista en Cadena A, la autoridad descartó en al menos tres oportunidades la posibilidad de que la ansiada reforma constitucional se concrete en los siguientes años y proyectó que la próxima elección de autoridades judiciales, en el año 2023, se realizará bajo las reglas en actual vigencia.

“Esa comisión que constituimos en su momento como un nivel de asesoramiento tenía el trabajo de considerar una posible reforma constitucional. Esa reforma lamentablemente no ha sido posible encararla ni llevarla a buen puerto, es una reforma que ha quedado descartada y en la cual ya no estamos trabajando”, anunció.

Argumentó que, en la situación en que se encuentra, el país no puede gastar 240 millones de bolivianos en un referendo constitucional, por lo que insistió en que “es muy poco probable” que en 2023 los bolivianos asistan a una elección judicial diferente de la de anteriores años. 

“La oportunidad que perdimos de hacer las elecciones subnacionales y una reforma constitucional era la única que teníamos antes de la elección de jueces por voto popular”, aseveró.

Consultado sobre este anuncio, Rodríguez Veltzé dijo que respeta la posición del ministro, pero que él considera que la reforma constitucional no puede definir el rumbo por seguir y que “la ciudadanía debería empezar a debatir sobre la urgencia de tener un sistema mucho más independiente, más eficaz y más accesible”.

“Respeto el criterio del ministro, pero sigo pensando, y este es un criterio muy personal, que hice conocer mucho antes de la conformación de esta comisión, de que las sucesivas crisis que vive el país de diverso orden, entre ellas unas políticas, constitucionales y sobre todo que hacen a la independencia del sistema judicial, abren lo que se llama el momento constituyente, que no es la convocatoria a una asamblea ni a un referéndum, sino abrir el debate sobre la pertinencia o la conveniencia, la utilidad de tener ciertas disposiciones constitucionales que impiden tener unas autoridades judiciales independientes en el propósito de ejercer la justicia”, señaló.

Luego reveló que la denominada comisión de notables sólo se reunió en una oportunidad y con un carácter “básicamente protocolar”, en que únicamente se trazaron algunas líneas para ampliar el equipo y empezar a debatir sobre los alcances de su trabajo.

“Yo no he conocido ninguna comunicación ulterior de parte del ministro o del ministerio sobre el seguimiento a esta iniciativa. Yo, personalmente, ante esta falta de comunicación, comuniqué al ministro que yo prefería hacerme a un lado porque creo que, en temas tan relevantes, lo más importante es el consenso y el trato respetuoso de las personas, indistintamente de lo que puedan pensar”, señaló.

Dijo que tampoco mantuvo más contacto con los otros miembros de la comisión, “lo cual francamente me sorprende por la falta de seriedad con la que se manejó el asunto”.

Carlos Alberto Goitia, ex ministro de Justicia,  otro miembro de la comisión, pidió a este medio hacer cualquier consulta a Rodríguez Veltzé, aún cuando se le comentó que él se hizo a un lado del equipo. “Le agradecería que pueda conversar con el doctor Veltzé;  él es el vocero, es el que da a conocer todo”, señaló.

Lima explicó que, aunque la reforma constitucional no será posible, continuarán avanzando los otros ejes de la reforma judicial, como la formación, las mejoras tecnológicas, el ajuste normativo, el acceso a la justicia y la transparencia.