Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 



Expertos en política sostienen que Diego García-Sayán llegó a Bolivia en un “momento ideal” para ver en persona la crisis judicial y la intromisión de otros órganos estatales. Destacan el caso de Añez.

El relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, presentará su informe final sobre su visita al país al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de este año, el mismo servirá como insumo para la reforma judicial.

La misión en la ciudad de Sucre del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, concluyó ayer con reclamos de grupos que presuntamente son víctimas de la mala administración de justicia.

Constitucionalistas ven con optimismo la llegada del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, debido a la apertura que tuvo para reunirse con diferentes instituciones y sectores de la sociedad civil. Además, esperan que las recomendaciones que dé generen una mejoría en el sistema de justicia en el país, pese a que el cumplimiento de las mismas no es obligatorio para el Gobierno.

El gobernador de Chuquisaca y disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Damián Condori, denunció “injerencia” del Órgano Ejecutivo en la justicia ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayan y mencionó el caso del exFondo Indígena por el cual estuvo dos años detenido en San Pedro.

El pasado 15 de febrero representantes de redes y organizaciones de derechos humanos se reunieron en la ciudad de La Paz, con Diego García Sayán el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el marco de su visita oficial a Bolivia.

La coalición de sociedad civil estuvo integrada por representantes de la Comunidad de Derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIB, Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado – ITEI, ONG Realidades, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica para la Mujer, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fundación Tribuna Constitucional, Organización de Apoyo Legal y Social, y, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Dichas instituciones tienen amplia experiencia en la promoción y defensa del acceso a la justicia de la población boliviana y el acompañamiento a procesos de reforma, en tal sentido, brindaron al Relator Especial información sobre la situación del país en materia de garantías para una justicia independiente e imparcial, así como el impacto que tiene la crisis judicial por la ausencia de dichas garantías en grupos prioritarios.

Además, le entregaron un documento que recopila datos relevados por la sociedad civil en estudios, procesos de veeduría ciudadana, observatorios hemerográficos y experiencia práctica de asistencia de grupos prioritarios, estructurando aportes en cinco ejes:

  1. Situación de la independencia judiciales en sus dimensiones institucional y funcional o de ejercicio individual, que abordó el tema presupuestario de todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, no solo el órgano Judicial y también la situación de provisionalidad en jueces y fiscales que se ha extendido en el país por más de una década;
  2. Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo conocer las conclusiones, observaciones y propuestas que nacen de las veedurías ciudadanas realizadas por estas organizaciones incluida la adopción de un mecanismo de preselección independiente que se planteó para las elecciones del 2017 a la Asamblea Legislativa Plurinacional sin que se tomará en cuenta:
  3. Transparencia y acceso a la información, como condición necesaria para incrementar la confianza ciudadana y garantizar el control social, así como el desarrollo de información suficiente y necesaria para adoptar medidas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población frente al acceso a la justicia.
  4. Corrupción en la justicia, debiendo fortalecerse los esfuerzos para investigar, sancionar y adoptar medidas de no repetición en estos casos, realizar auditorías jurídicas y fortalecer los sistemas disciplinarios, difundiendo información estadística desagregada sobre la cantidad de denuncias, resultado del tratamiento, sanciones y respuestas oportunas a la ciudadanía.
  5. El impacto de la falta de independencia en la justicia en las personas defensoras de derechos humanos, y casos emblemáticos de personas que han sufrido vulneraciones al debido proceso.

Además de lo anterior se enfatizó en la necesidad urgente de atender los problemas de acceso a la justicia de poblaciones en extrema vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia, cuyos procesos en la justicia se caracterizan por escenarios de extrema mora procesal, impunidad, y re victimización, pues, las brechas de implementación de la Ley 348 son amplias, en especial en términos de cobertura, especialidad y recursos de los servicios de atención, investigación y sanción.

Finalmente, se expusieron propuestas y recomendaciones para una ruta crítica de reforma y transformación de la justicia, a tiempo de entregar una serie de diagnósticos y publicaciones elaboradas por la sociedad civil, entre ellas la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia que integra propuestas de la sociedad civil para medidas normativas y de política pública.

El relator, desarrolló consultas complementarias, y destacó la importancia de una sociedad civil activa que a partir de propuestas aporte a la ruta crítica de reforma a la justicia en Bolivia.

 

Sam Mills Jersey