Lunes, 23 Mayo 2016 00:00

¿Estado Plurinacional sin Justicia Plural?

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*Artículo de opinión/ Marco Mendoza /Coordinador Nacional Proyecto PARTICIPA

Dejando constancia que no es posible la construcción del Estado Plurinacional sin la justicia plural y que la convocatoria así como el desarrollo de la Cumbre de Justicia convocada por el Órgano Ejecutivo no cumple con el mandato del artículo 178 I (principio de pluralismo jurídico) y 179 I de la CPE (función judicial única e igualdad de jerarquía) y que se afecta al cumplimiento del imperativo constitucional del artículo 192 III que obliga al fortalecimiento de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, corresponde recordar que la construcción del Estado Plurinacional Comunitario se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, en los términos del artículo 1 constitucional, se propone mirar la Cumbre de Justicia como un momento más en este proceso regresivo.

La tarea pendiente obliga a mirar con esperanza el horizonte para trabajar el proceso post cumbre a partir de una agenda de derechos, en la que la justicia plural tenga un espacio de articulación/construcción/constitución/gestión en términos de respeto a la Carta de Derechos Ampliada, evaluando los procesos regresivos que afectan a la implementación del diseño constitucional de la justicia plural, para proponer una agenda mínima que permita poner límites a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, en términos de la construcción de una Gestión Pública Intercultural de la Justicia Plural como la piedra angular sobre la que se debe construir una sociedad más democrática para hacer posible nuestra persistencia en el tiempo, como sociedad y como estado.

Horizonte

En Bolivia, el nuevo diseño constitucional de justicia tiene el desafío de realizar los derechos fundamentales establecidos en la CPE y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. Los principales compromisos asumidos por el Estado Plurinacional con la comunidad internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, se encuentran expresados de manera textual en la Constitución Política del Estado vigente. Este hecho obliga a fortalecer el núcleo común del Sistema de Justicia, conformado por los principios y valores compartidos por el conjunto de las jurisdicciones del Sistema de Justicia referidos en la Carta de Derechos. Así se explica que en materia de derechos indígenas, quienes imparten justicia a nombre del Estado Plurinacional: jueces y tribunales ordinarios, y, autoridades e instancias de justicia indígena, por mandato expreso del texto y contexto constitucional, deban hacerlo no sólo desde una norma jurídica particular y concreta, sino desde un marco de referencia mayor: la carta de derechos en relación con la diversidad de las matrices culturales de los pueblos indígenas, y a partir de sus especificidades o particularidades, como procesos complementarios e indivisibles.

Coordinación y cooperación para hacer efectiva la función judicial única con igualdad jerárquica

En la perspectiva de realizar los derechos de los Pueblos Indígenas (y de sus miembros), contenidos en la Carta Universal de Derechos, la transición constitucional de la justicia plural debe hacer efectiva la igualdad jerárquica de las jurisdicciones, la función judicial única y el imperativo constitucional de coordinación y cooperación en el sistema de justicia, desarrollando instrumentos que hagan posible la gestión intercultural de la justicia plural, a partir de nuevos marcos de referencia política, jurídica, social, económica y cultural, en el contexto de implementación de una carta de derechos ampliada que han sido comprometidos por el constituyente y ratificados en el referéndum constituyente.

Sin embargo, hay dos posibilidades para el desarrollo de los procesos de coordinación y cooperación: a. cumplir el mandato del artículo 410 de la CPE y hacer efectivo el principio de constitucionalidad; b. insistir en la aplicación del artículo 10 II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, utilizando como pretexto el principio de legalidad.

Si se opta por la vía de aplicar el artículo 10 II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se quiebra el diseño constitucional de justicia plural.

Si se opta por respetar el principio de constitucionalidad, se respetará el diseño constitucional de justicia plural en términos de igualdad jerárquica para hacer efectiva la función judicial única, y los procesos de coordinación y cooperación interjurisdiccional se desarrollarán en terminus de un diálogo intercultural entre los pares de la justicia, para construir una interlegalidad  horizontal, en un contexto de respeto al artículo 10 I, que se encuentra en correspondencia con el diseño constitucional y con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Adecuación constitucional de la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional

El diseño constitucional de justicia obliga al conjunto de las jurisdicciones a instalar, desarrollar y sostener sus procesos de coordinación y cooperación en términos de un pluralismo jurídico igualitario. No hay otra posibilidad de hacer efectiva la función judicial única en un contexto de igualdad jerárquica entre las jurisdicciones señaladas en el texto constitucional, en términos de interlegalidad  horizontal y en clave intercultural.

La Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional, pretende quebrar esa igualdad jerárquica establecida por la Constitución Política del Estado, buscando subordinar la jurisdicción indígena a la jurisdicción ordinaria/agroambiental. A contrapelo del diseño constitucional, esta norma es regresiva porque responde y corresponde a lógicas de construcción multicultural, en términos de pluralismo subordinado. La denominación de esta norma, marca la regresión normativa: no se trata de deslindar, de separar las jurisdicciones, sino de articularlas desde lógicas de complementariedad. Debió llamarse Ley de Coordinación y Cooperación. Sin Ley de Deslinde Jurisdiccional se desarrollaron procesos de coordinación y cooperación interjurisdiccional  en el marco del imperativo establecido por el artículo 189 constitucional. El proceso de regresión normativa e institucional marcado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional supone un salto histórico al pasado. Esta norma regresiva desconoce los compromisos del Estado Boliviano, en un contexto de vigencia de una Carta de Derechos ampliada, emergente del proceso constituyente. Es posible afirmar que este retroceso nos lleva al periodo anterior a la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1994, porque con un marco constitucional restrictivo se lograron importantes avances en materia de derechos de los pueblos indígenas a partir de un marco normativo que fue consolidando el ejercicio al derecho propio. Hoy, con un marco constitucional muy avanzado, los procesos de regresión normativa pretenden negar derechos consolidados en una amplia Carta de Derechos desconociendo el principio de no regresividad y de favorabilidad contenidos en los artículos 13 y 256 de la CPE.

Desde la perspectiva del cumplimiento del imperativo constitucional y los compromisos del constituyente, uno de los desafíos más importantes es la adecuación constitucional de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, como marco normativo para el desarrollo de procesos de coordinación y cooperación en un contexto de realización de la función judicial única, la igualdad jerárquica de las jurisdicciones y la gestión intercultural de la justicia plural, en términos de un diálogo intercultural horizontal en el que se encuentren en igualdad de condiciones las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores públicos vinculados a la justicia en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional. 

Agenda de la justicia plural

En su transición constitucional, el Sistema de Justicia debe contribuir a la paz social y a la convivencia armónica, desde los nuevos referentes constitucionales expresados en una agenda de justicia que disminuya los efectos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los Pueblos Indígenas para que ejerciten plenamente los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, a partir de un conjunto de ejes temáticos vinculados a una agenda de justicia que haga efectivos: el ejercicio de sus autogobiernos y la incorporación de sus estructuras propias a la institucionalidad estatal, que resulten en procesos de fortalecimiento de la justicia indígena y el establecimiento de los mecanismos de articulación con la justicia ordinaria.

Como parte de esta agenda de justicia plural se propone:

1. diseño e implementación de política pública en justicia con participación y decisión de los autogobiernos indígenas;

2. desarrollo de instancias de coordinación y cooperación en justicia en sus tres niveles: nacional, departamental y local, en términos de igualdad jerárquica;

3. desarrollo de instrumentos que hagan posible la gestión intercultural de la justicia plural en términos de igualdad jerárquica de las jurisdicciones y la función judicial única: Acuerdos, Circulares e Instructivos en términos de cumplimiento del diseño constitucional de justicia, y protocolos de actuación que materialicen los procesos de coordinación y cooperación intra e interjurisdiccional;

4. la adecuación constitucional de la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional, en los términos de cumplimiento del diseño constitucional de justicia y su vinculación a la Carta Universal de Derecho;

5. procesos de adecuación curricular en la formación de pregrado en Ciencias Jurídica en el conjunto de las Carreras de Derecho dependientes de las Universidades Públicas y Privadas;

6. procesos de adecuación curricular en la formación de jueces y fiscales por la Escuela de Jueces del Estado y la Escuela de Fiscales;

7. mapeo el conjunto de jurisdicciones indígenas, originarias y campesinas para que el relevamiento de información de los sistemas de justicia indígenas que existen en el país como información que sea útil en el diseño de política pública de la justicia plural y para que éste se realice en clave de interculturalidad horizontal, de manera que el conjunto de sus decisores y gestores la implementen en términos de una gestión pública intercultural.

8. Consejo Plurinacional de Justicia Plural con participación del Ministerio de Justicia, el Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional Plurinacional, las organizaciones que conforman el pacto de unidad y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, con la misión de acordar los lineamientos de política pública para la justicia plural, desarrollar los procesos de adecuación normativa y generar los instrumentos para avanzar hacia una vigencia plena del pluralismo jurídico.

9. Recuperar la independencia de los Autogobiernos Indígenas, afectados por la actividad/influencia/injerencia de los partidos políticos.

10. Descolonizar la justicia indígena, en contextos de rescate/recuperación, reconstitución/fortalecimiento de las identidades indígenas.

11. Construir y fortalecer el núcleo común de las justicias en un marco de respeto y realización de derechos.

12. Atender las agendas de Género y Generacionales desde sus propias matrices culturales.

13. Diferenciar el linchamiento de los actos de justicia indígena.

 

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